Abundan las leyes que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de las regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, pero no las expresiones que confirmen éstos como una verdadera política de Estado con la que estén comprometidas las autoridades nacionales y municipales, mientras crece la falta de beligerancia entre las autoridades regionales. Ése es el sabor que deja la autonomía en la Costa Caribe del país.
Los ciudadanos de las regiones autónomas tienen la percepción de que desde el Pacífico la diversidad cultural y multiétnica no se ve como un valor de riqueza, sino algo que se debe homogeneizar, y lamentan que muchos mestizos han llegado ahí a echar raíces con esa creencia, aunque varios recuerdan que ha disminuido la jerarquización y discriminación por razas: que se les entiende y acepta un poco más, gracias a las labores de organizaciones costeñas.
El artículo 11 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua (publicado en La Gaceta el 30 de octubre de 1987) establece que sus habitantes tienen derecho a: “la absoluta igualdad de derechos y deberes entre sí, independientemente de su número poblacional y nivel de desarrollo”, y a “preservar y desarrollar sus lenguas, religiones y culturas”.
Pero ese primer derecho no se percibe en las escuelas de las comunidades donde escasean los textos escolares o materiales didácticos en rama, miskito, sumo, garífuna o creole.
La Ley de Autonomía, aprobado en 1987 por un gobierno sandinista que no quería que la Costa Caribe fuera más un refugio para la lucha contrarrevolucionaria,
también estableció con algunas ambigüedades el derecho de las regiones autónomas a “usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosques y tierras comunales dentro de los planes de desarrollo nacional” y “desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas conforme a sus propios valores”.
Igualmente, reconoció los derechos a las “formas comunales, colectivas o individuales de propiedad y la trasmisión de la misma”. Pero pasaron dieciséis años antes de que se aprobara la Ley de Demarcación de Tierras Indígenas e incluso el mismo reglamento del estatuto, que urgía para aclarar ese derecho autonómico “dentro de los planes de desarrollo nacional”.
A cinco años y medio después de la Ley de Demarcación, la lucha es agotadora para los gobiernos comunales que buscan la demarcación de sus tierras contra una creciente presencia mestiza que altera el uso tradicional de los bosques y un Estado en el que poco o nada se entiende sobre los derechos colectivos, frente a la influencia del individualismo o la explotación de los recursos naturales cada vez más escasos.
“El sustento para el desarrollo de la Costa Caribe es la demarcación de tierras y el ordenamiento de la propiedad. Sin eso no tendremos seguridad sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales que son el potencial de desarrollo en las regiones”, advierte Dolene Miller, asesora del Gobierno Comunal Creole, en Bluefields.
El cambio, el uso de la tierra y el aprovechamiento de los recursos naturales se registra en cifras. Al 2005, el 45 por ciento de los ciudadanos costeños ya dependían de las actividades agrícolas, mientras la labor tradicional de la pesca sólo sustentaba al 12.5 por ciento. Así el mensaje de la amenaza del avance de la frontera agrícola y las señales de agotamiento de los recursos del mar es muy claro.
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